El Real Decreto-ley 9/2015, de 10 de julio, de medidas urgentes para
reducir la carga tributaria soportada por los contribuyentes del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas y otras medidas de carácter económico, cuya
publicación en el BOE es de fecha de 11 de julio de 2.015, y cuya entrada en
vigor se ha producido el pasado 12 de julio de 2.015, entre otra serie de medidas
que ha adoptado, establece en su artículo 4, con la finalidad de posibilitar la
consecución de los objetivos a que se destinan determinadas prestaciones y ayudas concedidas por las
distintas Administraciones Públicas a colectivos sociales desfavorecidos,
una limitación a la posibilidad de
embargo de las mismas, mediante la aplicación de las reglas que ya rigen en
la actualidad en el ámbito de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con
los embargos del salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente.
